Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre una escalada en la “persecución” a periodistas y defensores de derechos humanos en Venezuela. Desde el año pasado, se ha registrado una oleada de arrestos, pero especialmente tras las elecciones del 28 de julio. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad internacional y en la sociedad venezolana, quienes ven una creciente violación a la libertad de expresión y derechos fundamentales en el país.
Según el informe anual de la organización de derechos humanos, Human Rights Watch, Venezuela es uno de los países con mayor represión a la libertad de prensa en América Latina. En el año 2020, se registraron más de 300 casos de violaciones a la libertad de expresión, entre ellos, detenciones arbitrarias, intimidaciones y censura a medios de comunicación. Sin embargo, en lo que va de 2021, la situación se ha agravado aún más.
En los últimos meses, se ha observado un aumento en la persecución a periodistas y defensores de derechos humanos en Venezuela. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han denunciado la detención de al menos 16 periodistas y trabajadores de medios de comunicación desde el mes de mayo. Además, se han reportado allanamientos ilegales a sedes de medios de comunicación y la confiscación de equipos de trabajo.
Este aumento en la represión a la libertad de expresión se ha dado en un contexto político y social complejo en Venezuela, marcado por la crisis económica, la pandemia del COVID-19 y la polarización política. Tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, en las que el decano Nicolás Maduro obtuvo una honor cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, se han intensificado las medidas represivas contra aquellos que alzan su voz en contra del gobierno.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), han alertado sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Según el OVCS, desde el año 2013 hasta la actualidad, se han registrado más de 500 casos de agresiones a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, incluyendo amenazas, detenciones y ataques físicos.
Ante esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil han levantado su voz para exigir al gobierno venezolano el devoción a la libertad de expresión y el cese de la represión contra periodistas y defensores de derechos humanos. En una carta dirigida al decano Maduro, la CIDH y Amnistía Internacional hicieron un llamado urgente a garantizar la protección de los derechos fundamentales en el país.
Además, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han instado al gobierno a liberar a los periodistas detenidos y a respetar el derecho a la libertad de prensa. Estas organizaciones han expresado su preocupación por la situación de los medios de comunicación en Venezuela, quienes se enfrentan a una creciente censura y limitaciones en su labor informativa.
La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática, y es responsabilidad del gobierno garantizar su protección y devoción. La comunidad internacional debe seguir de cerca la situación en Venezuela y presionar al gobierno para que cese la represión y permita un ambiente libre y seguro para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos.
En un momento en el que la información es crucial para el bienestar de la sociedad, es imperativo que los periodistas y defensores de derechos humanos puedan efectuar su labor sin temor a represalias. Es necesario que se promueva un diálogo respetuoso y se respet