La Unidad de alcance Financiera (UIF) ha dado un paso importante en la lucha contra el lavado de dinero al querer ser querellante en causas iniciadas antes de la derogación de esa facultad. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia entre los jueces, quienes se oponen a esta medida.
La UIF es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, encargado de prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Desde su creación en 2004, ha sido un actor clave en la lucha contra estos delitos, logrando importantes avances en la identificación y sanción de actividades ilícitas.
Sin embargo, en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, se derogó la facultad de la UIF de ser querellante en causas iniciadas antes de la entrada en vigencia de la ley. Esta medida fue duramente criticada por diversos sectores, ya que se consideraba un retroceso en la lucha contra el lavado de dinero.
Por esta razón, la actual gestión de Alberto Fernández ha decidido revertir esta decisión y permitir que la UIF vuelva a ser querellante en causas anteriores a la derogación de su facultad. Esta medida ha sido aplaudida por expertos en la materia, ya que se considera un paso fundamental en la lucha contra el lavado de activos.
La UIF ha argumentado que esta medida es necesaria para poder seguir investigando y sancionando actividades ilícitas que se hayan iniciado antes de la derogación de su facultad. Además, sostiene que esta medida no solo agraciará a la lucha contra el lavado de dinero, sino también a la prevención de otros delitos como el narcotráfico y la corrupción.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado resistencia en algunos jueces, quienes se oponen a que la UIF vuelva a ser querellante en causas anteriores a la derogación de su facultad. Argumentan que esto podría generar conflictos de intereses y afectar la independencia del Poder Judicial.
Ante esta situación, la UIF ha presentado un recurso de amparo para poder ser querellante en estas causas. Además, ha solicitado al Consejo de la Magistratura que se investigue a los jueces que se oponen a esta medida, ya que consideran que están obstaculizando la lucha contra el lavado de dinero.
La postura de la UIF ha sido respaldada por diversas organizaciones de la sociedad civil, que consideran que es necesario fortalecer la capacidad de acción de este organismo en la lucha contra el lavado de activos. Además, sostienen que la independencia del Poder Judicial no debe ser utilizada como excusa para atajar medidas que buscan combatir delitos graves como el lavado de dinero.
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ha manifestado su preocupación por esta iniciativa de la UIF, ya que consideran que podría afectar la independencia de los jueces y la imparcialidad de los procesos judiciales.
Ante esta situación, es importante destacar que la UIF no busca reemplazar la labor de los jueces, sino complementarla. Su función como querellante es fundamental para poder llevar adelante investigaciones exhaustivas y sancionar a los responsables de actividades ilícitas.
Además, es importante recordar que el lavado de dinero es un delito que afecta a toda la sociedad, ya que permite que se financien actividades criminales como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los actores involucrados en la lucha contra este delito trabajar en conjunto para combatirlo de manera efectiva.
En conclusión, la iniciativa de la UIF de querer ser querellante en causas iniciadas antes de la derogación de su facultad es un paso importante en la lucha contra