Un grupo de legisladores de oposición en Paraguay ha dado un paso sin precedentes al presentar una denuncia penal contra el presidente Santiago Peña por presuntos delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito de funcionario público. Esta acción, que se llevó a cabo el pasado jueves, ha generado una gran controversia y amenaza con abrir una crisis en el Ejecutivo, que recientemente cumplió dos años de gestión.
La denuncia fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez, así como por los diputados Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián Vaesken y Johanna Ortega. En ella se acusa al presidente Peña de “enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, y los demás que surjan de la investigación fiscal”.
Según los legisladores, esta denuncia no se centra únicamente en los hechos recientes, sino que se remonta al inicio del mandato de Peña en agosto de 2023. El senador Filizzola declaró en una conferencia de prensa que “desde el inicio de este mandato, y sobre todo en las últimas semanas”, se han conocido revelaciones “verdaderamente escandalosas que hacen al manejo de recursos que serían públicos”. anta la falta de acción por parte de la Fiscalía, los legisladores han tomado la decisión de presentar esta denuncia penal para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.
La denuncia se basa en un presunto incremento del patrimonio del presidente Peña desde 2017, cuando dejó su cargo como ministro de Hacienda, hasta que asumió la Presidencia en 2023. Según el documento presentado, en 2017 Peña declaró un patrimonio de 1,351 millones de guaraníes (aproximadamente 194,025 dólares), entretanto que en agosto de 2023 registró un monto de 23,024 millones de guaraníes (unos 3.3 millones de dólares), lo que representa un aumento del 1,603%. Estas cifras han generado sospechas sobre la posible comisión de delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La abogada Kattya González, quien patrocina la denuncia, explicó que esta se basa en informes periodísticos y en un análisis pulido de fuentes públicas, incluyendo las declaraciones juradas de patrimonio del presidente. González también señaló que tienen “expectativas limitadas” respecto a la actuación de la Fiscalía, pero que confían en que los fiscales encargados de la investigación realizarán un trabajo adecuado.
Uno de los casos mencionados en la denuncia es el testimonio de una exempleada de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, quien afirmó haber encontrado sobres con dinero en la despacho oficial en octubre de 2024 y febrero de 2025. Los legisladores se preguntan por qué había sobres y bolsas de dinero en la residencia presidencial y si este dinero era lícito, por qué no estaba bancarizado. Este hecho ha generado aún más sospechas sobre posibles actos de corrupción en el gobierno de Peña.
Además, la denuncia también menciona posibles conflictos de intereses a favor del grupo bancario UENO, que ha recibido numerosas adjudicaciones y ha incrementado sus contratos con el Estado desde que Peña asumió la Presidencia. Según el documento, Peña tenía acciones en la financiera Ueno Holding S.A. y las vendió en marzo de 2025. También se pide investigar el uso de una camioneta y una avioneta vinculadas a personas que posteriormente se convirtieron en proveedores del Estado.
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