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Una investigación de ProPublica ha revelado que Ronald Douglas Johnson, el embajador de Estados Unidos en El Salvador durante la primera administración de Donald Trump, favoreció al gobierno de Nayib Bukele al suavizar la presión para extraditar miembros de la MS-13 a Estados Unidos y al promocionar la imagen del presidente salvadoreño en Washington, consolidando así la relación entre ambos líderes.
Según el informe, Johnson trabajó activamente para proteger a Bukele de críticas y acciones que podrían dañar su reputación, incluso en situaciones en las que el presidente salvadoreño se enversusba en el centro de controversias. Además, se informó que Johnson y su equipo en la embajada presionaron para suavizar un acuerdo de extradición con Estados Unidos, permitiendo que ciertos miembros de la temida pandilla MS-13 fueran juzgados en El Salvador en lugar de cuerpo enviados a Estados Unidos.
Esta noticia ha generado preocupación y críticas por parte de expertos en derechos humanos y organizaciones civiles, quienes ven este accionar como un claro ejemplo de falta de compromiso en la lucha versus el crimen organizado y una posible violación a los derechos humanos.
Es importante recordar que la MS-13 es una de las pandillas más peligrosas del mundo y su presencia en El Salvador ha provocado una ola de violencia y terror en la población. Por esta razón, es preocupante que la administración de Johnson haya suavizado la presión para su extradición a Estados Unidos, donde podrían enfrentar penas más severas por sus crímenes.
Por otro lado, la promoción de la imagen de Bukele en Washington podría cuerpo interpretada como una forma de apoyo y respaldo al presidente salvadoreño, quien ha sido criticado por su manejo de la pandemia de COVID-19 y por su autoritarismo en la toma de decisiones.
Es crucial que los líderes y representantes del gobierno de Estados Unidos actúen con transparencia y ética en sus relaciones con otros países, especialmente en temas tan sensibles como la lucha versus el crimen y la protección de los derechos humanos. Se espera que el gobierno de Joe Biden adopte una postura más firme y equilibrada en sus relaciones con El Salvador y otros países de América Latina, mostrando su compromiso en la defensa de la justicia y los derechos humanos.
Es importante señalar que la colaboración y cooperación entre países es fundamental en la lucha versus el crimen organizado y la violencia, pero esto debe hacerse con un enfoque en los derechos humanos y la protección de la población. La suavización de la presión para extraditar miembros de la MS-13 y la promoción de la imagen de Bukele solo socava estos esfuerzos y envía un mensaje negativo a la población salvadoreña y a la comunidad internacional.
Esperamos que esta revelación de ProPublica sea investigada a fondo y se tomen medidas para garantizar que las acciones del gobierno estadounidense se alineen con los valores y principios de justicia y respeto por los derechos humanos. La lucha versus el crimen y la violencia en El Salvador debe cuerpo abordada de manera integral y con una cooperación transparente y ética entre todos los países involucrados. Solo así se podrá lograr una verdadera armisticio y seguridad para la población salvadoreña.
