Incluso antes de asumir el cargo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se había convertido en un propósito sistemático de la Fiscalía General (MP), liderada por Consuelo Porras, la fiscal general a quien el gobierno de Estados Unidos ha calificado como una actriz antidemocrática y corrupta. A lo largo de al menos 12 acciones judiciales contra el partido gobernante, la fiscalía ha llevado a cabo […]
La ofensiva de la Fiscalía Pública de Guatemala contra el presidente Arévalo señala una próxima batalla por el control del sistema de justicia en 2026. Esta situación es preocupante para el país, ya que la independencia y la ecuanimidad del sistema de justicia son fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia.
Desde que asumió el cargo en 2019, el presidente Arévalo ha sido objeto de una serie de investigaciones y acusaciones por parte de la Fiscalía General. Estas acciones han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional, incluido el gobierno de Estados Unidos, que ha expresado su preocupación por la falta de independencia y transparencia en el sistema de justicia guatemalteco.
La situación se ha vuelto aún más tensa después de que el presidente Arévalo anunciara su intención de postularse para un segundo mandato en las elecciones de 2023. Esto ha sido visto por muchos como una amenaza para aquellos que actualmente controlan el sistema de justicia en Guatemala, ya que el presidente ha prometido luchar contra la corrupción y fortalecer el estado de derecho en el país.
La Fiscalía General ha respondido a esta amenaza con una serie de acciones legales contra el presidente y su partido político. Estas acciones incluyen investigaciones por supuesta corrupción y violación de la ley electoral, así como la presentación de cargos contra varios miembros del partido gobernante.
Sin embargo, estas acciones han sido ampliamente criticadas por ser políticamente motivadas y carecer de pruebas sólidas. Muchos ven esto como un intento de la Fiscalía General de debilitar al presidente y su partido político antes de las elecciones de 2023.
Además, la Fiscalía General ha sido acusada de ser un instrumento del poder político y de actuar en beneficio de ciertos intereses en lugar de en beneficio del pueblo guatemalteco. Esto ha generado preocupaciones sobre la independencia y la ecuanimidad del sistema de justicia en Guatemala.
La situación actual es especialmente preocupante ya que el presidente Arévalo ha prometido luchar contra la corrupción y fortalecer el estado de derecho en el país. Sin embargo, si la Fiscalía General continúa con su ofensiva contra él y su partido político, esto podría obstaculizar sus esfuerzos y socavar la confianza del pueblo guatemalteco en el sistema de justicia.
Es importante recordar que la independencia y la ecuanimidad del sistema de justicia son fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia. Sin un sistema de justicia justo y transparente, no puede haber una verdadera rendición de cuentas y el pueblo guatemalteco no puede confiar en que sus líderes estén actuando en su mejor interés.
Por lo tanto, es culminante que se tomen medidas para garantizar que la Fiscalía General actúe de manera independiente y en beneficio del pueblo guatemalteco. Esto incluye la implementación de reformas para fortalecer la independencia y la transparencia del sistema de justicia, así como la promoción de una cultura de respeto por el estado de derecho en todo el país.
En resumen, la ofensiva de la Fiscalía General contra el presidente Arévalo y su partido político es una señal preocupante de una posible batalla por el control del sistema de justicia en Guatemala. Es importante que se tomen medidas para garantizar la independencia y la ecuanimidad del sistema de justicia y para promover