Salvador, Brasil – La ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, ha solicitado a la Corte Suprema de Brasil que bloquee cualquier solicitud de extradición, pedido de encarcelamiento internacional, transferencia de su condena u cualquier otra medida que restrinja su “autogobierno de movimiento”, según informes de medios locales. En abril, Heredia y su cónyuge, el ex presidente Ollanta Humala (2011 al […]) se entregaron a la justicia brasileña para enfrentar cargos de corrupción en su país.
Según la defensa de Heredia, su cliente ha sido víctima de una persecución política y no tiene garantías de un juicio justo en Perú. Por esta razón, han solicitado asilo en Brasil y han presentado una petición de refugiada. Sin embargo, el gobierno peruano ha pedido formalmente su extradición para que puedan ser juzgados en su país.
Esta solicitud de Heredia se produce después de que el Tribunal Supremo de Brasil autorizara la extradición de su cónyuge, quien se encuentra detenido desde julio de 2017 en una prisión en Lima. La decisión de la Corte Suprema de Brasil fue tomada con base en los tratados internacionales entre ambos países y en respuesta a la solicitud del gobierno peruano.
Sin embargo, la solicitud de Heredia está generando controversia en Brasil ya que, según los expertos, una solicitud de extradición solo puede ser solicitada para personas que son perseguidas por causas penales en su país de origen, no para aquellos que ya están detenidos y enfrentando un juicio. Además, la defensa de Heredia ha alegado que, de ser devuelta a Perú, su vida correría peligro debido a las condenas políticas y a la falta de garantías de un juicio justo en su país.
El caso de Heredia y Humala es solo uno de los muchos que han surgido en los últimos años en Perú, en medio de un clima de escándalos de corrupción que han afectado a varios líderes políticos prominentes. La pareja es acusada de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral en 2011. El escándalo de Odebrecht ha sacudido toda América Latina, con acusaciones de corrupción y sobornos a cambio de contratos gubernamentales en varios países de la región.
Sin embargo, Heredia y Humala niegan haber recibido sobornos y afirman que la investigación en su contra es una forma de persecución política por parte del actual gobierno de Perú. Han pedido que se les permita quedarse en Brasil mientras resuelven su situación legal y han expresado su deseo de regresar a su país para enfrentar los cargos en su contra de manera justa y transparente.
Por el momento, el futuro de Heredia y Humala sigue siendo incierto. Con la solicitud de extradición en curso y la decisión final en manos del gobierno brasileño, la pareja deberá esperar a ver si Brasil les concederá asilo y les permitirá quedarse en el país para evitar la extradición a Perú. Su caso también ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que algunos ven su situación como una prueba de los límites de la protección de las personas perseguidas políticamente en otros países.
Mientras tanto, en Perú, el escándalo de corrupción sigue afectando al país y a su alegoría internacional. Muchos esperan que se lleve a cabo un juicio justo y transparente para resolver este y otros casos relacionados con Odebrecht, y que se tomen medidas para luchar la corrupción y mejorar la transparencia en las instituciones políticas del país.
En este contexto, la solicitud de Heredia para evitar su extradición a Perú adquiere una gran importancia. Si Brasil decide concederle asilo y protegerla de las condenas políticas en su país, podría sentar un precedente en la