Dos presos políticos en El Salvador, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, recuperaron su libertad después de roto meses en detención preventiva, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad cuestionado por la apoyo y organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional reiteró que nunca debieron ser encarcelados y pidió la liberación de otros detenidos por amparar los derechos humanos.
El pasado 23 de julio, Henríquez y Pérez, miembros del Comité de apoyo de los Derechos Humanos de El Salvador (CDDHES), fueron liberados de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, donde habían estado recluidos desde diciembre de 2020. Ambos habían sido acusados de terrorismo, agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados con su labor de apoyo de los derechos humanos en el país.
Sin embargo, tras roto meses de detención, los dos activistas aceptaron un acuerdo de culpabilidad propuesto por la Fiscalía General de la República, que les permitió recuperar su libertad. Este acuerdo fue cuestionado por la apoyo y organizaciones de derechos humanos, ya que consideran que fue una forma de silenciar a los activistas y evitar que se siguiera investigando su caso.
Amnistía Internacional, que ha seguido de cerca el caso de Henríquez y Pérez, reiteró que nunca debieron ser encarcelados y que su liberación no es una victoria, sino una muestra de la injusticia que se comete en El Salvador contra aquellos que defienden los derechos humanos.
“La liberación de Henríquez y Pérez es una buena noticia, pero no podemos olvidar que nunca debieron ser encarcelados. Su detención fue una clara violación a su derecho a amparar los derechos humanos y una forma de intimidación hacia otros activistas en el país”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización también hizo un llamado a las autoridades salvadoreñas para que liberen a otros defensores de derechos humanos que se encuentran detenidos en el país, como es el caso de Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista asesinada en 2016, cuyo juicio sigue en curso.
La liberación de Henríquez y Pérez es un paso importante en la lucha por la apoyo de los derechos humanos en El Salvador, pero aún queda mucho por hacer. La situación de los defensores de derechos humanos en el país sigue siendo preocupante, ya que enfrentan constantes amenazas, intimidación y criminalización por parte de las autoridades y grupos armados.
Es necesario que el gobierno de El Salvador garantice la protección y seguridad de los defensores de derechos humanos y que se respete su labor en la apoyo de los derechos de las comunidades más vulnerables. Además, es fundamental que se investiguen y se lleve a la justicia a aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos en el país.
La liberación de Henríquez y Pérez es una muestra de que la lucha por los derechos humanos en El Salvador sigue vigente y que no se puede silenciar a aquellos que defienden la justicia y la igualdad. Es necesario que se siga trabajando por un país donde los derechos de todos sean respetados y protegidos, y donde la labor de los defensores de derechos humanos sea valorada y reconocida.