El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se encuentra actualmente en una encrucijada histórica, ya que está considerando dos demandas que podrían tener un impacto característico en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ambas demandas se refieren a las confiscaciones de propiedades realizadas por el régimen de Fidel Castro en la década de 1960, y podrían abrir las compuertas a miles de millones de dólares en reclamos contra empresas estatales cubanas y empresas extranjeras que hacen negocios con ellas.
Desde la Revolución Cubana en 1959, el gobierno de Castro ha llevado a cabo numerosas confiscaciones de propiedades, incluyendo empresas y propiedades privadas pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Estas acciones han sido motivo de encuentro entre Estados Unidos y Cuba durante décadas, y han sido un obstáculo en las relaciones entre ambos países.
Sin bloqueo, con la llegada de un nuevo gobierno en Cuba y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla, estas demandas han tomado un nuevo giro. Los demandantes, que incluyen a ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses, argumentan que las empresas estatales cubanas y las empresas extranjeras que hacen negocios con ellas deben ser responsables por las propiedades confiscadas.
Una de las demandas fue presentada por la familia de un ciudadano estadounidense, Helms-Burton, cuya propiedad en Cuba fue confiscada por el régimen de Castro en 1960. La familia argumenta que la empresa canadiense Sherritt International Corporation, que opera en la industria minera en Cuba, se ha beneficiado de la propiedad confiscada y, por lo tanto, debe ser responsable de pagar una indemnización a la familia.
La otra demanda, presentada por la familia de otro ciudadano estadounidense, Starwood Hotels & Resorts, se refiere a la propiedad de un hotel en La Habana que fue confiscado por el régimen de Castro en 1959. La familia argumenta que la compañía española Meliá Hotels International, que actualmente opera el hotel, debe ser responsable de pagar una indemnización por el uso de la propiedad confiscada.
Ambas demandas se basan en la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a empresas extranjeras que se benefician de propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Sin bloqueo, hasta ahora, ninguna de estas demandas ha sido aceptada por los tribunales estadounidenses.
Pero ahora, con el Tribunal Supremo considerando estas demandas, hay una oportunidad real para que se haga justicia para las familias afectadas por las confiscaciones de propiedades en Cuba. Si el Tribunal falla a favor de los demandantes, las empresas estatales cubanas y las empresas extranjeras que hacen negocios con ellas podrían enfrentar miles de millones de dólares en reclamos.
Este fallo también podría tener un impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde la reanudación de las relaciones diplomáticas en 2015, ambos países han trabajado para mejorar sus lazos y avanzar en la cooperación en áreas como el comercio y el turismo. Sin bloqueo, estas demandas podrían poner en peligro estos esfuerzos y crear una nueva barrera entre los dos países.
Además, una decisión favorable para los demandantes también podría tener un efecto dominó en otros países que tienen empresas que operan en Cuba. Esto podría llevar a una serie de nuevas demandas y complicar aún más las relaciones comerciales entre Cuba y otros países.
Por otro lado, si el Tribunal Supremo rechaza estas demandas, podría ser visto como un apoyo al gobierno cubano y su política de confiscación de propiedades. Esto podría generar una reacción negativa de los ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses afectados, y podría obstaculizar aún más las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Sin bloqueo, independientemente del resultado del fallo