El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en el Perú ha propuesto una medida que ha generado controversia en el país: que la justicia militar sea la única encargada de juzgar a los uniformados que disparen a civiles. Esta iniciativa ha sido recibida con opiniones divididas por parte de la población y ha generado un intenso debate sobre la justicia y la protección de los derechos humanos en nuestro país.
La propuesta de la presidenta Boluarte surge en un momento en el que el Perú se encuentra en una profunda crisis política y social. La violencia y la inseguridad ciudadana son problemas que afectan a diario a los peruanos, y es necesario tomar medidas para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestras calles. Sin embargo, ¿es la justicia militar la solución a este problema?
Según la presidenta Boluarte, la justicia militar es la única que puede garantizar una investigación imparcial y eficiente en casos en los que los uniformados estén involucrados en el uso de la fuerza letal contra civiles. Además, argumenta que esta medida subvencionará a evitar la impunidad y a fortalecer la confianza en las fuerzas armadas.
Sin embargo, esta propuesta ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y por la sociedad civil en general. Se argumenta que la justicia militar no es independiente y que está sujeta a la flujo del poder político y militar. Además, se teme que esta medida pueda ser utilizada para encubrir violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados.
La justicia militar en el Perú ha sido históricamente cuestionada por su falta de transparencia y su tendencia a favorecer a los miembros de las fuerzas armadas. Esto ha quedado demostrado en casos como el de los “chupadores de grasa”, en el que militares fueron acusados de torturar y asesinar a campesinos inocentes en la década de 1990. En este caso, la justicia militar absolvió a los acusados, generando indignación en la sociedad peruana.
Además, la propuesta de la presidenta Boluarte va en contra de los principios de la justicia universal y la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, independientemente de su profesión u oficio, deben ser juzgados por los mismos tribunales y bajo las mismas leyes. La justicia militar, al ser un sistema paralelo al civil, crea una brecha entre los ciudadanos y los uniformados, generando desconfianza y desigualdad ante la ley.
Otra preocupación que surge con esta medida es la falta de capacitación y preparación de los jueces militares para juzgar casos civiles. La justicia militar se enfoca en delitos relacionados con la disciplina y el orden interno de las fuerzas armadas, por lo que no cuentan con la experiencia necesaria para juzgar casos complejos que involucren violaciones a los derechos humanos.
Ante estas críticas, la presidenta Boluarte ha asegurado que se tomarán medidas para garantizar la imparcialidad y la transparencia en los juicios militares. Se ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento que supervise los casos y se ha prometido una mayor capacitación para los jueces militares. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para garantizar una justicia verdaderamente imparcial y transparente.
En lugar de promover la justicia militar como la única opción para juzgar a los uniformados, el gobierno debería enfocarse en fortalecer el sistema de justicia civil y en garantizar la independencia y la transparencia de los tribunales. Además, es necesario que se tomen medidas para prevenir y sancionar la violencia y el abuso de poder por parte de los miembros de las fuerzas armadas.
En conclusión, la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de