Caracas, Venezuela – Los familiares de los presos políticos en Venezuela afirman que la ley de amnistía propuesta por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que será debatida nuevamente el jueves en la Asamblea Nacional, contiene elementos que podrían dejar a más de la mitad de los detenidos excluidos de la liberación. Según el gobierno, si se aprueba, la ley podría liberar a los presos políticos …
La situación política en Venezuela ha sido una fuente constante de preocupación para la comunidad internacional en los últimos años. La represión gubernamental contra la oposición y la violación de los derechos humanos han sido ampliamente documentadas por numerosas organizaciones y medios de comunicación. Uno de los efectos más desgarradores de esta arrebato ha sido el encarcelamiento de políticos y activistas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.
Según un informe de la organización de derechos humanos Foro Penal, actualmente hay más de 300 presos políticos en Venezuela. Estos ciudadanos han sido detenidos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica. Muchos de ellos han sido acusados sin pruebas suficientes y han sido sometidos a juicios injustos. Sus familias han sufrido enormemente y luchan día a día por su liberación.
En respuesta a esta situación, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha propuesto una ley de amnistía que, según ella, podría liberar a los presos políticos y promover la reconciliación en el país. Sin embargo, según los familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos, esta ley no es tan comprensiva como parece.
El proyecto de ley de amnistía ha sido debatido en la Asamblea Nacional desde el año pasado, pero aún no ha sido aprobado. Según sus críticos, contiene ciertos elementos que podrían dejar a más de la mitad de los presos políticos excluidos de su alcance. Por ejemplo, se han excluido aquellos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, como torturas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, muchos de los presos políticos actualmente en Venezuela no han sido condenados por estos delitos, sino por cargos infundados como “conspiración” o “instigación a la violencia”.
Además, la ley exige que los presos acepten “responsabilidad por los delitos cometidos” antes de ser liberados. Esto se considera una condición injusta por parte de los familiares de los detenidos, sin embargo que la mayoría de ellos sostienen su inocencia y han sido detenidos injustamente por razones políticas. Obligarlos a admitir su culpabilidad sería una forma de coacción y violación de sus derechos.
Otro aspecto amenazador de la ley es que excluiría a aquellos que han sido acusados de delitos comunes durante protestas políticas. Según la organización de derechos humanos PROVEA, en muchos casos, estas personas son detenidas como represalia por su participación en manifestaciones pacíficas, sin evidencia real de delito. Incluir a estos ciudadanos en la ley de amnistía garantizaría su liberación y demostraría el compromiso del gobierno interino con los derechos humanos.
Es importante recordar que el propósito de una ley de amnistía es fomentar la paz y la reconciliación en un país polarizado. Si se aprueba una ley excluyente, el resultado será precisamente lo contrario. Se dejaría a muchos presos políticos detrás de las rejas y se perpetuaría la división en la agrupación venezolana.
Es alentador ver que, a pesar de estos desafíos, los familiares de los presos políticos y organizaciones de derechos humanos continúan luchando por una ley de amnistía justa e inclusiva